La subida salarial a los empleados públicos que ofrece el Gobierno: "Quieren hacer de los funcionarios un sector de la población comparable al de los pensionistas"
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El Gobierno ha propuesto a los sindicatos de los empleados públicos una subida salarial del 10 % a repartir entre 2025 y 2028, una oferta que ha sido inmediatamente rechazada por las centrales sindicales al considerarla un 'insulto'. La negociación, analizada en el programa 'La Linterna' de COPE, se produce en un contexto de elevada inflación y con advertencias sobre la estabilidad de las cuentas públicas.
La propuesta del Ejecutivo detalla que el incremento durante los dos primeros años, 2025 y 2026, no podrá superar el 4 % para no contravenir el techo de gasto. Este planteamiento ha sido calificado de insuficiente por los representantes de los trabajadores, que ven cómo el poder adquisitivo de los funcionarios se ve mermado. En este sentido, muchos empleados públicos se enfrentan a serias dificultades, como demuestra la historia de Antonio, un funcionario que vive en una caravana para poder llegar a fin de mes.
Francisco Lama, del sindicato CSIF, ha señalado que 'esperamos, bueno, pues, que esos porcentajes se incrementen'. La principal exigencia es que la subida esté ligada a la evolución de los precios. 'Es fundamental que, a lo largo del año 2025 y 2026, ese incremento económico no sea inferior al IPC', ha declarado Lama. El acuerdo final contemplaría una parte fija y otra variable vinculada a la inflación, aunque los porcentajes concretos todavía no se conocen.
Durante su intervención en 'La Linterna' con Ángel Expósito, la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha ofrecido un análisis crítico de la medida. Tras preguntar retóricamente '¿a quién le ha subido el sueldo un 10 por 100 en 4 años?', ha lanzado una advertencia sobre la estrategia del Ejecutivo: 'Quieren hacer de los funcionarios un sector de la población comparable al de los pensionistas'. García de la Granja ha recordado que en España hay 'prácticamente 7.700.000 empleados públicos y funcionarios', que se suman a los '10.000.000 de pensionistas', un volumen que el sistema debe poder sostener.
En paralelo a la negociación salarial, la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) ha advertido de que el envejecimiento de la población y el fin del 'superciclo recaudatorio' ponen en riesgo la estabilidad fiscal del país. Este ciclo excepcional de recaudación, impulsado por el empleo y la inmigración, está llegando a su fin, lo que añade presión a las arcas públicas en un momento de creciente incertidumbre económica, que obliga a muchas personas a tener varios empleos, como le ocurre a Marta, una joven pluriempleada para complementar sus ingresos.
Por el momento, el Ministerio de Función Pública se ha comprometido a estudiar las propuestas de las organizaciones sindicales. Este martes habrá una nueva reunión para intentar acercar posturas y desbloquear una negociación clave para casi ocho millones de trabajadores.




